Analizar las violencias y las subjetividades políticas asociadas a los actuales conflictos por la naturaleza en territorios indígenas en México plantea diversos retos analíticos y metodológicos. Frente a ellos, la investigación doctoral cuyos resultados aquí se comparten, elaboró una propuesta para realizar un ejercicio interpretativo de las experiencias de violencia vividas por sujetos beligerantes que por su medio elaboran una imagen de sí, resignifican y actualizan los repertorios de acción colectiva. La importancia de realizar un análisis de estas características radica en la necesidad de explorar el ámbito de la subjetividad para comprender las violencias que, sostenidas en tramas relacionales y socio-históricas, se expresan en las controversias por la naturaleza vigentes. Tal es el caso del conflicto por la construcción del parque eólico Bií-Hioxo (Viento fuerte) ocurrido en los años 2013-2014 en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, que ilustra tales procesos. Por medio de este caso, será posible plantear algunas reflexiones finales para discutir las condiciones actuales de los procesos de transición energética en México, los conflictos y las violencias asociadas.

El arribo de los parques de energía eólica al Istmo de Tehuantepec

A inicios del siglo XXI la evidente crisis ambiental, el reordenamiento neoliberal y el discurso del desarrollo sostenible atrajo nuevos

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¹ La región del Istmo de Tehuantepec se ubica al sureste del territorio mexicano, en ella confluyen 33 municipios del sur de Veracruz, 5 de Tabasco, 10 del norponiente de Chiapas y 40 del sureste de Oaxaca. La subregionalización más básica la divide en ( Gómez-Martínez, 2010): norte (sur de Veracruz), centro (selvas Mixes y Zoques) y sur (planicie de Juchitán y Sistema Lagunar Huave). Sus características naturales la hacen contar con fuertes corrientes de viento provenientes del Golfo de México de manera constante a lo largo del año.

² Se ejecutaron una serie de reformas para ello, entre las cuales

destacan: la reforma del Artículo 27 constitucional en el año 1992 y la modificación de la Ley Agraria que lo reglamenta, inicia la desarticulación del ejido y su privatización; las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el mismo año y su Reglamento en 1993 y en 1997 “especifican los conceptos de cogeneración y autoabastecimiento y definen las alternativas para que la CFE adquiera energía en caso de emergencia, además establecen la posibilidad para los particulares de construir y mantener líneas de transmisión destinadas al uso propio” (Gutiérrez,

intereses privados de corte trasnacional a la región del Istmo de Tehuantepec dado su potencial para la generación de energía eólica¹. Las políticas de ajuste estructural, la exención de impuestos y subsidios otorgados por el gobierno mexicano y organismos internacionales para la transición energética proveyeron un marco regulatorio favorable a las alianzas público-privadas que favorecieron este proceso ² . En el mercado mundial, incentivos económicos y fiscales para el capital trasnacional que invierte en proyectos de “energía renovable a gran escala” impulsan este proceso, por lo que son altamente dependientes de “grandes capitales” y están fuertemente ligados al capitalismo financiero, “con cuantiosas cantidades de ganancia para los accionistas” (Howe y Boyer, 2016³).

En este marco, se diseñó el plan para desarrollar el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec que impulsó la creación de estos parques en Juchitán de Zaragoza, mayormente bajo el régimen de autoabastecimiento que destina la energía generada al consumo privado, industrial y empresarial. Por medio de una serie de licitaciones se construyeron entre 2008 y 2012, 7 centrales eólicas privadas para autoabas-tecimiento y 5 centrales de producción independiente (Juárez- Hernández y León, 2014); en ese mismo periodo la energía creció de 84.9 megavatios a 1.331 (un aumento del 1467%, lo que ha convertido a México en el segundo productor de energía eólica en América Latina después de Brasil; Howe et al., 2015). El ritmo de

s/f). En 2008 la aprobación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) establecieron las pautas para el ingreso de particulares en la generación de energía. Estas modificaciones se instrumentaron por medio de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, a través del Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP) y el Programa de Certificación de Derechos Agrarios (PROCEDE) y la Secretaría de Energía (SENER).

³ En el desarrollo de los proyectos de energía eólica confluyen diversas formas de capital entre los cuales están las empresas privadas que no están directamente relacionadas con el tema energético sino con los instrumentos bursátiles asociados, tal como los bonos de carbono. Éste es el nombre genérico otorgado a “un conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas actividades de reducción de emisiones” de CO ₂ a la atmósfera que tienen un precio en el mercado mundial y juegan especulativamente en la bolsa de valores ( INECC, 2014) generando ganancias sustanciosas para los inversores.

crecimiento de los parques se mantuvo constante pues para el año 2016, se registró un total de 22 en operación y para el año 2020, se registraron 29 (EJA, 2020).

Diversos trabajos académicos, periodísticos y de organizaciones de la sociedad civil abordan las falencias del proceso de implementación de estos proyectos. Esta literatura da cuenta de los diversos conflictos surgidos dada la ausencia de procesos de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas contempladas en los polígonos de los parques eólicos, situación que se mantuvo hasta el año 2015⁴; a la vez, expone la confrontación de formas disímiles de significación, valoración y apropiación de la tierra y la naturaleza en las sociedades contemporáneas⁵. Igualmente, evidencia que los proyectos presentados bajo la máscara del “desarrollo sostenible” como una “oportunidad” para mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde los parques eólicos se ubican “no es más que otra empresa extractiva impuesta a los istmeños por las élites del norte” (Howe y Boyer, 2016). En cuanto a las violencias, la literatura muestra que éstas estuvieron relativamente ausentes de tales procesos que se mantuvieron en el plano contencioso y jurídico hasta la emergencia del conflicto por el parque eólico Mareña Renovables, ocurrido en territorio Ikojt de San Dionisio del Mar 2012-2014, y posteriormente en Juchitán de Zaragoza por el parque eólico Bií-Hioxo.

Para examinar las violencias asociadas a tales conflictos, se llevó a cabo una investigación cualitativa con el fin de analizar comparativa-mente los sentidos y significaciones sociales que les atribuyen los sujetos que las han vivido, ya sea como receptores, ejecutantes o testigos. Es entonces sobre las violencias de represión y resistencia vividas por integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), opositora a

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⁴ Como resultado del conflicto vivido en el territorio Ikjot (Huave) de San Dionisio del Mar en el periodo 2012-2013 por la construcción del parque eólico Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa y el triunfo de esta movilización indígena frente a la empresa, este proyecto fue relocalizado en El Espinal, bajo el nombre Eólica del Sur, donde se llevó a cabo la primera consulta en el año 2015. Un proceso profundamente criticado por diversos actores involucrados que derivó en la construcción del parque.

la construcción del parque eólico Bií-Hioxo, que versa el contenido del presente documento.

Abordaje teórico-metodológico

Para abordar las violencias asociadas a los conflictos por los parques de energía eólica mencionados, se elaboró una estrategia teórico-metodológica para indagar su composición a nivel meso y micro social a partir de elementos provenientes de la teoría sociológica contempo-ránea con el fin de desentrañar el vínculo entre violencias y subjetividades. Ello supone asumir la violencia como acción inserta en marcos relacionales, constituida por mecanismos, lógicas y patrones de interacción que disponen su dinámica colectiva y situacional (Tilly, 2004; Collins, 2008). El devenir de las violencias en el aquí y ahora conflictual es un proceso situacional donde todos estos elementos entra en juego. Desde esta perspectiva, es posible atender a su capacidad simbólica y expresiva en tanto que las violencias son interpretadas tanto por los sujetos que la presencian o sea como receptores o ejecutantes, cuya experiencia implica procesos de subjetivación y desubjetivación, tanto a nivel individual como colectivo (Wieviorka, 2014⁶).

Para el caso aquí abordado, resulta especial-mente importante la propuesta de Tilly (2004) quien desde la sociología histórica se interesa por analizar cuándo la acción política organizada toma un giro violento y sostiene que, de manera contraria a las visiones instrumental y normativa, la violencia colectiva es una forma de acción política. Indica que violencia y gobierno mantienen una relación complicada, ya que la organización de la vida política, donde las formas violentas y no violentas interactúan incesante-mente, da forma al carácter de la violencia colectiva. En este sentido, en cualquier régimen político los actores disponen de un número limitado de actuaciones (repertoires of contention)

⁵ Ver: Borja-Díaz (2008), Juárez-Hernández y León (2014), Howe et al. (2015), Howe y Boyer (2016), Dunlap (2017), Howe y Boyer (2019), Dunlap y Correa-Arce (2022).

⁶ Esta perspectiva surge como una mirada crítica de este conjunto de autores, pertenecientes a diversas tradiciones del pensamiento sociológico, a los planteamientos tradicionales que han estudiado la violencia en las ciencias sociales y la sociología asumiéndola como resultado del cálculo racional, la cultura, la crisis o el desorden.

que proveen a la acción política contenciosa de escenarios aproximados, representan bases de la memoria colectiva para la interacción y puntos de quiebre para la lucha. En este sentido, los repertorios de acción colectiva representan “un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado” que conforman una “colección de sentidos que emergen en la lucha, de manera relacional” (Ibidem. Traducción propia). De tal suerte, resulta imprescindible realizar un análisis diacrónico para atender a las variaciones que los repertorios violentos y contenciosos registran a lo largo del tiempo.

En concordancia y para dar cuenta de tales procesos en territorios indígenas y rurales del México contemporáneo, fue necesario atender a la composición del régimen político mexicano y oaxaqueño e istmeño que alberga repertorios de acción colectiva particulares. Fue por medio de la visión crítica del excepcionalismo mexicano (Pansters, 2012) que se construyó una mirada de carácter intermedio para observarlos. Esta perspectiva neogramsciana sostiene la necesaria historización de las violencias en los procesos de instauración del régimen político posrevoluciona-rio a nivel local y regional⁷. Desde ahí es posible rastrear cómo violencia y coerción coexistieron y dialogaron en los diversos territorios, lo que resulta fundamental advertir para comprender la disposición del marco socio-histórico, de sentido y significación, donde hoy las violencias reemergen y se reconfiguran en el marco de los conflictos por la naturaleza.

Retomando estos elementos se realizó el abordaje interpretativo de las violencias colectivas vividas por los miembros de la APPJ en la trayectoria del conflicto por el parque eólico como un ejercicio que visibiliza las subjetividades políticas en pugna, expone la configuración del

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⁷ Pansters (2012) sostiene que la tradición historiográfica del excepcionalismo mexicano enfatiza las capacidades de cooptación del Estado autoritario mexicano y su estructura institucional corporativa como rasgo distintivo y contrastante con los gobiernos dictatoriales militares en la América Latina del Siglo XX, dejando de lado el estudio del México de “balas y sangre”.

orden político y social e influyen en el devenir conflictual.

El análisis interpretativo que se presentará es resultado de una investigación de mayor alcance que abordó los sentidos y significaciones sociales atribuidos a las experiencias de violencia colectiva en conflictos por los proyectos de construcción de parques eólicos en la microrregión lagunar del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca⁸. La estrategia teórico-metodológica se centró en identificar y analizar a nivel meso y micro social los repertorios de la violencia presentes en los conflictos abordados, para lo cual se empleó la triangulación intramétodo (Denzin y Lincoln, 2012) que combinó la entrevista semi-estructurada por tipo de actor, observación etnográfica y análisis de documentos audio-visuales (videos documentales y de Youtube). Las particularidades de la propuesta metodológica empleada en la investigación, se detalla en una publicación reciente (Ver: Mejía-Carrasco, 2017), baste decir ahora que esta estrategia comprendió un diseño de análisis cualitativo comparativo de máxima similitud o variación concomitante entre dos casos de estudio con el fin de identificar semejanzas, en la composición de las violencias a nivel regional, y diferencias, en el plano de la subjetividad.

La estrategia analítica que acompañó la recopilación del material empírico y documental operacionaliza los supuestos teóricos que sostienen la investigación y comprende tres ejes: marco-sociohistórico, conflicto y violencias, cada uno con sus correspondientes variables y sub-variables. La articulación de estos ejes permitió reconstruir la trayectoria del conflicto, así como descomponer los distintos planos de significación superpuestos en las experiencias de violencia colectiva vividas por los sujetos involucrados a lo largo del mismo.

La definición operativa formulada para abordar la violencia colectiva contempla aquellas

⁸ En esta investigación doctoral se realizó el análisis cualitativo comparativo de máxima similitud o variación concomitante sobre los casos de conflicto por el parque eólico Mareña Renovables en la comunidad Ikjot de San Dionisio del Mar y el del parque eólico Bií-Hioxo en la comunidad Binnizá de Juchitán de Zaragoza por lo que comprende el periodo 2012-2014. En este trabajo únicamente se recupera el caso del conflicto por el parque eólico Bií-Hioxo.

violencias atribuibles al plano físico (como enfrentamientos, golpizas, bloqueos, etc.) y aquellas que no son materializadas (amenazas, vigilancia, acoso, etc.), quedando entendidas como: “prácticas que emergen en el marco de una relación conflictual entre colectividades; consisten en la posibilidad, real o sentida, de hacer daño a personas o bienes materiales diversos a través del uso de la fuerza”. Por medio de ella se orientó el análisis de las experiencias de violencia vividas por los miembros de la asamblea opositora al parque de energía eólica, no obstante, su exploración empírica requirió de su necesaria historización. Lo anterior se llevó a cabo en complementariedad con el eje dos de la estrategia analítica, marco sociohistórico, entendido como: “articulación entre historias, procesos y patrones relacionales en el contexto de un régimen político y social particular”. Los resultados obtenidos por el cruce de ambos ejes analíticos se precisan de manera sintética en la sección subsecuente como preámbulo a la exposición del análisis interpretativo realizado.

Entramado sociohistórico

Para abordar la configuración de los repertorios de violencia colectiva presentes en el conflicto por el parque eólico, fue imperativo historizar las violencias que han acompañado las controversias por la tierra y la naturaleza a nivel regional con el fin de realizar un análisis diacrónico. Vale decir que esto implicó establecer un diálogo inter-disciplinar con la historia y los estudios del mundo indígena Istmeño que representan un acervo de conocimiento imprescindible para este tipo de aproximación.

El régimen político posrevolucionario mexicano, entendido como un “entramado de formaciones históricas locales y regionales, de desencuentros y continuidades” (Bautista-Martínez, 2010), en el estado de Oaxaca significó el establecimiento de relaciones particulares entre el gobierno estatal y los gobiernos locales, definió subjetividades políticas y estableció arreglos institucionales. Tal como sostiene Bautista (ibidem), en Oaxaca se

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⁹ Cabe señalar que las relaciones interétnicas en esta región comprenden la preponderancia cultural del pueblo Binnizá sobre los demás pueblos originarios habitantes de estos territorios y el

caracterizó por seguir una “lógica del poder centralizado y autoritario (…) que implica una mayor fragilidad en tanto la estabilidad y el orden dependen menos de la legitimidad y más del uso de la fuerza”.

En la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, habitada desde tiempos remotos por los pueblos Binnizá (Zapoteco), Ikojt (Binnizá), Ayuukjä'äy (Mixe) y Zoque, esto significó la articulación de periodos beligerantes seguidos por otros de paz relativa. Analíticamente, se rastrearon aquellos periodos donde los conflictos por la tierra y la naturaleza se acompañaron de repertorios de la violencia a través de tres aproximaciones sucesivas⁹. Éstas se abordaron por medio de la literatura disponible, quedando divididos en tres periodos: el régimen colonial, el México independiente y el posrevolucionario. Se identificó la coexistencia de los repertorios de la violencia de rebelión, resistencia y represión con particularidades propias al régimen político e institucional del momento. En esta literatura, la violencia asociada a la rebelión se entiende como acciones emprendidas por los pueblos rurales, indígenas y campesinos con el objetivo de confrontar y transformar el orden social imperante; la resistencia, se asocia con un tipo de violencia reactiva emprendida como una respuesta frente a amenazas o agravios, así como un mecanismo de negociación con las autoridades; finalmente, la represión se asume como resultado del interés de los sectores dominantes, especial-mente el gobierno y poderes locales o regionales, por mantener el orden social en el que ocupan una posición de privilegio. Cada repertorio presenta variaciones en cada periodo abordado en cuanto a temporalidad, prácticas, recursos, actores y mecanismos no obstante mantienen los elementos centrales que las distinguen. En este apartado únicamente se señalarán momentos clave propios a cada periodo que marcaron las controversias por la tierra y la naturaleza en estos territorios indígenas y cuyo eco resuena al clamor de los conflictos por los parques de energía eólica.

establecimiento de relaciones de dominación que contemplan diversas dimensiones, al grado tal que se ha considerado un proceso de “zapotequización del Istmo” ( Miano-Barruso, 2002)

El periodo colonial es el momento fundacional que permite rastrear la “sucesión de ajustes imperceptibles” que han configurado las relaciones de poder en la región. Es significativo, pues en él ocurrió “un proceso complejo de alianzas, conflictos y rupturas, en una tendencia piramidal de concentración de poder desde las localidades y regiones hasta el centro colonial” (Bautista, ibidem, p. 40). En Oaxaca, tal como ocurrió en otras regiones del país donde no hubo exterminio de la población indígena, los gobernantes coloniales reconocieron figuras de la estructura de gobierno precedente como intermediarios con el fin de mantener cierto control sobre la población. Se les nombró como “caciques de los señoríos indígenas” quienes ocuparon una posición determinante y empleaban prácticas que incluían “violencia física y formas de control ideológicos contenidas en la religión, en relaciones de parentesco, de identidad territorial y manipulación de las tradiciones” (Bautista-Martínez, 2010).

En este periodo se registraron escasos eventos de violencia asociados a las disputas por la tierra y la naturaleza, pues hubo poca presencia de españoles y las instancias judiciales contaban con cierto prestigio entre la población originaria¹⁰. No obstante, sufrieron un proceso de despojo de tierras a principios del siglo XVIII ejecutado por miembros del bajo clero argumentando la incorporación de tierras a las cofradías o directamente por medio del usufructo (de la Cruz, 1983). A mediados del mismo siglo, el interés sobre la región se modificó́, dada la necesidad europea de colorantes textiles, específicamente la cochinilla y el añil, con lo cual se registró un aumento significativo de presencia española. La población indígena participó de manera activa en la frágil producción de estos colorantes a la vez que continuó con el cultivo de maíz, la producción de ganado y sal (Tutino, 1980). A partir de

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¹⁰ Los conflictos derivados de este proceso se dirimieron en las instancias judiciales que gozaban de legitimidad entre la población indígena que recurrió a ellas para defender las tierras comunales en dos casos: los zapotecos de Juchitán en 1736 y los zoques en 1762 ( de la Cruz, 1983).

¹¹ El principal líder de estas rebeliones fue José Gregorio Meléndez o Che Gorio Melendre quien incluso impulsó una serie de planes secesionistas para la región del Istmo hasta que el 20 de abril de 1853

entonces, las disputas en torno a la tierra fueron una constante que se agudizó alrededor de 1750 por el aumento de la presión demográfica. “Las presiones agrarias crearon un terreno fértil para el descontento, pero fueron otras las fuerzas que empujaron al campesinado istmeño a desafiar abiertamente las estructuras sociales y políticas reinantes. Los orígenes de la rebelión deben buscarse en Juchitán, en donde brotó la rebeldía, llegó a su clímax y perduró durante años hasta mediados del siglo XIX” (Tutino, 1980).

Consolidado el proceso independentista y la ruptura con la economía imperial española se reformuló la posición y relaciones del Istmo con el comercio mundial por lo que la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza cobró especial relevancia dado el interés de actores externos. En este periodo “las autoridades del nuevo país tenían prisa por construir un Estado moderno en donde no tenían cabida los indígenas atrasados, por lo cual se tomaron medidas que atentaron contra la propiedad comunal de la tierra y la explotación colectiva de las salinas, fomentando la apropiación privada (…) para beneficiar a la burguesía criolla...” (de la Cruz, 1983). Con ello, se sentaron las bases del despojo de los pueblos originarios por actores externos y élites interesadas en la explotación de su tierra y su naturaleza. Ante ello el pueblo juchiteco tuvo estallidos de rebeldía profundamente significa-tivos en los años 1834, 1847, 1870 y 1881 que sucumbieran ante la represión dirigida desde del régimen político estatal ¹¹ . Estas rebeliones constituyen un elemento central de la subjetividad étnica juchiteca que cuenta con un fuerte discurso “demostrativo y orgulloso”, sustentado en “un sentimiento de colectividad, autonomía e identidad” refrendado en la memoria local de rebeldía y bravura “con su propio santoral de héroes y su propia mitología” (Bailón-Corres y Zermeño, 1987).

muriera envenenado. En ese mismo año Juchitán fue separado por el Gobierno central del Departamento de Tehuantepec para constituirlo como un nuevo departamento. Las rebeliones posteriores a su muerte, fueron impulsadas por hombres que lucharon a su lado y herederos de su legado rebelde.

En el periodo posrevolucionario si bien ocurrieron cambios en la estructura agraria y la composición de la clase política, las viejas formas de dominación tradicional permanecieron (Bautista-Martínez, 2010). Así, en 1931 Heliodoro Charis Castro lideró el primer movimiento armado de campesinos pobres que demandó la restitución de tierras y se pronunció contra el sometimiento y pretensiones de “civilizar” a los indígenas (de la Cruz, 1983). A diferencia del periodo anterior, este movimiento no fue reprimido sino cooptado por el régimen político, pues “el general Charis, fungió como jefe político de la región, como una personificación del Estado mismo (...) y propició que las expresiones armadas se trasladaran al plano de la negociación política con una oposición casi inexistente” (Bautista-Martínez, 2010). Acompañado por figuras como caciques locales, “camarillas” y “pistoleros” en este periodo “el uso de la coerción y la violencia estatal” se instituyeron “como herramientas políticas vitales” (Smith, 2009). Tras su muerte en 1964, se creó un vacío de poder que devino en una lucha entre la cúpula priista local y otros sectores como la burocracia, inversionistas externos y empresarios locales por el control político de la región del Istmo.

Si bien el gobierno corporativo priista desdibujó los repertorios de la violencia como expresión del conflicto, éstos se reactivaron en la segunda mitad del siglo XX con el surgimiento de la Coalición de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Istmo (COCEI). Diversos procesos derivaron en el episodio rebelde que iniciara en 1974 de la mano de un grupo estudiantil de inspiración marxista que promovía la recuperación y toma de tierras acaparadas por terratenientes y caciques priistas en favor de los campesinos pobres. El respaldo del Comisario de Tierras Comunales Víctor Pineda Henestrosa -Víctor Yodo- a estas acciones, derivó en su desaparición forzada por un comando del ejército federal en el año de 1978. Desde ese momento, no se designó otro Comisariado de Bienes Comunales en Juchitán de Zaragoza, por

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¹² Cabe señalar que las tierras comunales de Juchitán abarcan terrenos de los municipios de Unión Hidalgo, Espinal y Santa María Xadani y de las agencias de Chicapa de Castro y La Ventosa con un

lo que no se contó con alguna autoridad agraria facultada¹².

El descontento con el régimen priista y la lucha por la tierra enarbolados por la COCEI tuvieron gran influencia en el Istmo generando la acción violenta de parte de sus adversarios: priistas, caciques y empresarios acompañados por militares. En este contexto la vigilancia, la persecución, las amenazas, los enfrentamientos, las detenciones, las balaceras e incluso desapariciones y asesinatos se instauraron, poco a poco, como prácticas cotidianas en la vida de una ciudad escindida por el conflicto (Scheazger, 2005; Bailón-Corres y Zermeño, 1987). Rubin (2001) indica que todo ello “contribuyó al desarrollo de una conciencia de clase y al arraigo de la COCEI en la vida de la gente pues los juchitecos comunes experimentaron y relataron situaciones de acoso, tiroteos y masacres de miembros de sus familias o vecinos”. Simultáneamente, sus líderes construyeron una “imaginería violenta” como elemento central de sus acciones (movilizaciones masivas, toma de carreteras, terrenos, inmuebles, boqueo de caminos, etc.) evocando emociones de ira entre sus seguidores y temor entre sus adversarios.

A inicios de los años ochenta, la COCEI consideró la vía electoral y en 1981 en alianza con el Partido Comunista Mexicano (PCM), con Leopoldo de Gyves de la Cruz como candidato, logró su primer triunfo electoral con recono-cimiento oficial. Inicia con ello la etapa del Ayuntamiento Popular en Juchitán de Zaragoza lo que intensificó el conflicto en la localidad (Bailón-Corres y Zermeño, 1987). En 1983 ocurrió un enfrentamiento entre priistas y coceistas en el que hubo pérdida de vidas y como consecuencia, el Gobierno estatal desconoció el Ayuntamiento Popular. A partir de entonces, la COCEI vivió diversos avatares que concluyeron con el regreso del PRI al Gobierno municipal, lo que marcó el inicio de un nuevo periodo para el movimiento. En alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el periodo de 1989-2001 arribó de nueva cuenta al Gobierno

total de 68 112.54 hectáreas. Administrativamente, el municipio comprende cinco Agencias municipales: La Ventosa, La Venta, Chicapa de Castro, Álvaro Obregón y Santa María del Mar; y en dos agencias de policía: Emiliano Zapata y Playa San Vicente.

municipal, lo que implicó cambios sustantivos en el movimiento y su fragmentación en diversas corrientes, lo cual mermó la base campesina y transformó su carácter beligerante.

El movimiento de la COCEI representa el antecedente inmediato a los conflictos por los parques de energía eólica en la región del Istmo oaxaqueño y la recomposición del orden político que suscitó, incide directamente en ellos, pues: “...las fracciones de la COCEI convertidas en Gobierno municipal, forman parte de la alianza entre los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la “paz” social a las empresas trasnacionales de energía eólica y, por lo tanto, la seguridad de sus inversiones. Hasta ahora, la influencia o control que mantiene la COCEI sobre un número importante de campesinos zapotecos en la región ha permitido a las empresas satisfacer la cantidad de tierra que requieren” (Cruz-Rueda, 2013).

Trayectoria del conflicto por el parque eólico Bií Hioxo¹³

El conflicto del parque eólico Bií Hioxo que será abordado en las secciones posteriores, se caracteriza por exponer la reactivación de los repertorios de violencia de represión y resistencia en Juchitán de Zaragoza. Su trayectoria se reconstruye por medio de información empírica obtenida a través de la estrategia metodológica señalada anteriormente, y comprende 14 entrevistas con actores clave; notas de campo correspondientes a 3 visitas a la localidad de estudio realizadas entre el 1 julio de 2014 y el 15 de agosto de 2015; 2 películas documentales y 8 videos de Youtube (Anexo 1).

Por medio de esta información se reconstruyen los escenarios de violencia colectiva, de represión y resistencia, vividos por los miembros de la APPJ con el fin de exponer los sentidos y significaciones sociales elaborados sobre ellos. Para componer estos relatos colectivos, reconocer el carácter relacional del texto final que las

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¹³ El texto que se presenta en las siguientes secciones, es un extracto de la investigación doctoral titulada: “Experiencias, significación y subjetivación de la violencia en conflictos por la naturaleza: la microrregión lagunar del Istmo de Tehuantepec”, elaborada por la autora de ambos manuscritos. Esto obedece a que, tal como se indica en este apartado, el estilo de escritura utilizado no es susceptible a

articula, practiqué un ejercicio escritural que enlaza frases individuales y/o fragmentos de entrevistas, videos y documentales con mis palabras para conformar una narrativa del

«nosotros» (Rivera-Garza, 2013). Así, en las siguientes páginas encontrarán una combinación entre el estilo de citación tradicional y cursiva que refieren a palabras o frases provenientes del material recabado. Ello representa un esfuerzo por explorar otras formas narrativas que permitan recuperar la voz de quienes han vivido experiencias de violencia colectiva, así como un intento por mostrar la fuerza simbólica y expresiva de tales sucesos.

Antes de compartir el análisis interpretativo de estos escenarios, precisaré un conjunto de elementos explicativos que se tienden como puentes con el marco sociohistórico descrito en la sección precedente. El primer elemento es relacional, refiere a la definición de subjetividades políticas y desigualdad en la sociedad juchiteca donde la histórica división de la ciudad coincide con una estratificación ligada a la estructura económica, la etnicidad y la adscripción política. En la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza habita la antigua base de la COCEI constituida por pescadores, campesinos y mujeres en terrenos otorgados por los líderes que establecieron una relación clientelar y corporativa a través de este intercambio. Ahí nace la APPJ como un actor emparentado por la subjetividad política coceista y también por un sentimiento de traición pues, para la base, la institucionalización de la coalición significó su alejamiento. El segundo elemento es la opacidad en la implementación de los proyectos eólicos pues fue un proceso oscuro en todo, no se sabe cómo se establecieron y tampoco bajo qué compromisos. El tercero, son los procesos organizativos locales influidos por la pastoral indígena que se caracterizan por recuperar la relación con la tierra

ser reelaborado pues requirió de un minucioso proceso para su elaboración. El documento completo, está disponible para su consulta en: https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/R68T3G6KL73HL6KS2Y39D9A 65XH1KS395A7XJ91F4JPU2SB621-35032?func=full-set-

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y la identidad indígena¹⁴. A ello se agregan las organizaciones y asambleas originadas por la apropiación del discurso de derechos y el concepto de territorio que abrieron nuevas maneras de entender la lucha como pueblo indígena.

Estos elementos apoyan la lectura de las violencias vividas en la trayectoria al conflicto por el parque eólico cuyas etapas se distinguen por cambios en la disposición de los repertorios de la violencia. La primera etapa, concentra los escenarios de resistencia que expresan la subjetividad emergente y beligerante de la APPJ, así como la reactivación de los repertorios de represión. La segunda, registra el tránsito del conflicto al ámbito jurídico contencioso donde los repertorios de resistencia desaparecen mientras que los de violencia represiva se intensifican y plasman a través de un conjunto de imágenes fragmentadas. La trayectoria del conflicto culmina con el languidecimiento de la resistencia y la construcción del parque eólico.

Eso iba a ser una masacre, iba a correr un mar de sangre

La primera etapa del conflicto se compone por los siguientes escenarios de resistencia con los

Figura 1. Estandarte APPJ. Foto Evelyn Mejía-Carrasco.

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¹⁴ Esta postula, entre otras cosas, la lucha por la justicia a través de la interpretación de la Biblia, procesos de reflexión colectiva y trabajo comunitario; su exponente más destacado en la región fue el arzobispo Arturo Lona Reyes.

¹⁵ El acompañamiento de los pueblos de la microrregión lagunar se deriva de la relación de colaboración entre asambleas que iniciara

Figura 2. Esténcil. Foto Evelyn Mejía Carrasco.

que inicia: el bloqueo de la carretera a Playa Vicente y el establecimiento del campamento; también por el resurgimiento de los repertorios de represión, en el enfrentamiento con la Policía estatal y el desmantelamiento de Radio Totopo.

El primer escenario, inicia el 26 de febrero de 2013 a las 6 de la mañana cuando se bloquea la carretera a la localidad de Playa Vicente y se instala un campamento de vigilancia. Ese día la APPJ acompañada por representantes de las asambleas de otros pueblos Ikojt y Binnizá de la microrregión lagunar cerró el acceso al polígono del parque eólico, retuvieron autos de la empresa e impidieron el ingreso de maquinaria ¹⁵. Con estas acciones, se inicia el proceso de exigir una mesa de diálogo al Gobierno del Estado para saber el destino de las tierras y los caminos comunales. En este lugar se instaló un campamento de vigilancia que se instituyó como el espacio para vivir la resistencia.

Este escenario marca el inicio del conflicto, pues en él se expresa el agravio de la población, la molestia con el proyecto eólico y la emergencia de la APPJ como un actor político que busca ser reconocido. Los pescadores, habiendo encontrado una malla impidiendo su paso a la mar bajo el argumento de que en adelante tendrían que pedir

durante el conflicto por el proyecto del parque eólico Mareña Renovables ocurrido en territorio Ikojt de San Dionisio del Mar, relación determinante para el devenir del mismo que concluyó con la cancelación del proyecto

permiso a la empresa para pasar con una identificación. Esta imposición la tomaron como un insulto pues, dicen, es como colgar una placa a un perro. ¿Cómo es que a través de un gafete podamos ingresar a nuestro terreno, a nuestro territorio que es libre? Ahí fue donde se levanta la protesta y se dice: ¿Cómo se vienen a apoderar de nuestro territorio? (Irene, Entrevista, Juchitán, 1 de agosto de 2015; 10_JZ_APPJ_M; Tabla 1 en Anexo). Acompañados por campesinos, los pescadores acudieron a la Radio Comunitaria Totopo a denunciar y solicitar información sobre el proyecto eólico¹⁶. Por este medio, convocaron a la población a participar en dos asambleas en sus instalaciones los días 20 y 23 de febrero para discutir el tema y el 24 en la explanada de la Santa Cruz de los Pescadores, donde se instituye formalmente la APPJ y se acuerda el bloqueo de la carretera. También se decidió que sería una asamblea sin partidos políticos y líderes de la COCEI pues una vez, nos vendieron, entonces ellos no, esos líderes corruptos, ya no.

El agravio y preocupación de la población ante el proyecto eólico, se comprende por diversos factores entre los cuales destaca la superposición de planos de significación en el territorio donde se construiría. El primero, refiere a las actividades productivas de esta zona colindante con la mar muerta de la Laguna Superior pues en ella abrevan varios arroyos y lagunas de donde los pescadores viven y se alimentan; en sus orillas, trabajan los cazadores de iguana y armadillo. Además de la pesca artesanal, el parque ponía en riesgo la vocación agrícola de estas tierras donde se ubicarían los aerogeneradores a la vez que desprecia el ser campesino, su concepción del mundo, la naturaleza y la vida, pues para ellos el maíz es el mejor tesoro que podemos tener, es nuestro padre y nuestra madre. Otro plano refiere a la naturaleza, pues hay mucha vegetación, mucho mangle, árboles frondosos, de castre, cachimbo, ceiba y algunos que son medicamentos. Todo eso alimenta a los animales y aves migratorias. El tercero, es el de la vida ritual, pues existe una red de capillas y caminos comunales

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¹⁶ Fundada por un grupo de jóvenes juchitecos durante ocho años promovió en lengua materna la organización comunitaria, la

con siete sitios sagrados de cruces transitados por generaciones en distintas fechas del calendario que se verían modificados con el parque eólico. El último plano, recupera la memoria rebelde del pueblo juchiteco pues ahí, en la época de la revolución, fueron a esconderse los luchadores, era el refugio de la rebelión entonces ¿por qué quieren desaparecer esa zona?

El escenario descrito condensa la preocupación por el territorio y la naturaleza, la pérdida de legitimidad del orden político precedente y la reactivación del componente beligerante del pueblo Binnizá. El siguiente, donde emergen con mayor claridad los repertorios de la violencia,

Figura 3. Recorrido por los caminos rituales. Foto Evelyn Mejía-Carrasco.

Figura 4. Destino ritual. Foto Evelyn Mejía-Carrasco.

reflexión y crítica ante “este proyecto neoliberal en los planes de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec y cómo venía esta invasión extranjera ”

El escenario descrito condensa la preocupación por el territorio y la naturaleza, la pérdida de legitimidad del orden político precedente y la reactivación del componente beligerante del pueblo Binnizá. El siguiente, donde emergen con mayor claridad los repertorios de la violencia, ocurre el día 26 de marzo de 2013 cuando se da un enfrentamiento con la policía estatal enviada para desalojar el campamento, abrir la carretera y recuperar los carros de la empresa. Las bocinas de Radio Totopo anunciaron la llegada de policías estatales y convocó a la comunidad que acudió y se distribuyó en toda la carretera viendo cómo entraban. Cuando ya se habían adentrado varios, cerraron con troncos y piedras la carretera, entonces se quedaron en medio. Al parecer, los policías cuando algunas mujeres del campamento querían dialogar dijeron ‘Nosotros no venimos a dialogar’ y empezaron a tirar piedras y el gas lacrimógeno encima de ellas queriendo someterlas a través de los niños. Ahí empezó el combate.

Comenzaron los chingadazos, entre piedras, machetazos, resorteras, palos y humo del gas lacrimógeno, el enfrentamiento duró varias horas. Al campamento arribaban personas con las cabezas rotas, la cara rota, los ojos golpeados, personas fracturadas del brazo, del pie. Al parecer la policía estatal se había llevado a compañeros de la asamblea, decían que eran 8 que eran 4, el caso es que como empezó a llegar mucha gente, la policía los soltó en el monte. Nadie lo sabía, la gente deba por hecho que se los habían llevado. En eso, una compañera alcanzó a una mujer policía y no la soltó. A través de ella inició la negociación para impedir el ingreso de más policías pues si llega a haber otro operativo se iba a poner feo, iba a haber muertos pues la gente estaba a la expectativa, se sentía agredida. Iniciaron una mesa de negociación en la parroquia a las 7 de la tarde, el acuerdo al que se llegó fue: liberar a la señora policía y amnistía.

Quienes participaron en el enfrentamiento no tienen claridad sobre qué lo originó, no obstante, predomina la idea de que fue por una agresión de parte de la policía y los representantes del Gobierno estatal. Para algunos el despliegue policiaco fue una acción muy ostentosa pues arribaron entre 17 y 20 camionetas, un operativo

de casi 200 elementos, contra un chingado campamento de 20 personas. Esto se interpretó como una intención clara de ir y agredir sólo porque había retenida maquinaria de las empresas eólicas. Para la APPJ la verdadera intención era eliminarla porque al Gobierno del estado y a las empresas les preocupaba que hubiera otra asamblea en Juchitán, eliminarla a como diera lugar, pasando sobre cualquier gente, inocente o no inocente, derramar sangre.

Este enfrentamiento ¡Fue duro! Fue una verdadera campal, pues en él predominaba una desconfianza total, ya no había obediencia. Parecía conducirse a una masacre, iba a correr un mar de sangre. Sin embargo, a este descontrol subyace el conocimiento colectivo de los repertorios de resistencia aprendidos en el movimiento de la COCEI y actualizados en el conflicto por el parque eólico. Esto se visibiliza en el uso de estrategias como: cerrar con troncos y piedras la carretera; llegar con piedras, palos y machetes; emprender la negociación a través del intercambio por la policía retenida; recurrir al párroco para atribuirle la figura de mediador; entre otros.

Este escenario también expone la reactivación de los repertorios de represión con el ataque a Radio Totopo que, simultáneamente al enfrentamiento fue desmantelada por soldados marinos, la policía estatal y personas sospechosas, sicarios, que ingresaron a sus instalaciones. Esto se interpretó como un hecho represivo pues el gobierno y la empresa querían callar esa voz, la voz del pueblo, y sobre todo qué mejor que ese día no se oyera, no se dijera lo que estaba sucediendo, que no saliera al aire y que la gente no estuviera enterada de lo que estaba sucediendo ese 26 de marzo y en adelante.

El miedo se vuelve parte de mí, pero es también mi fuerza

En esta segunda etapa del conflicto predominan imágenes fragmentarias propias a los repertorios de represión, como amenazas, ataques físicos, intentos de secuestro y asesinato. Se exponen en la voz de miembros de la APPJ que sostienen haberlas vivido durante los meses posteriores al enfrentamiento con la policía estatal que no pudo

desalojar el campamento. Tras ello, la empresa Gas Natural Fenosa impulsora de este proyecto ingresó maquinaria pesada por la carretera a Unión Hidalgo. A pesar de que se le decía que se iba a interponer una demanda porque esas son tierras comunales, siguieron avanzando y como burla, sembraron más ventiladores (aerogeneradores). Ante ello la APPJ, asesorada por organizaciones de derechos humanos, desplazó el conflicto al terreno jurídico y contencioso mientras la represión se intensificó selectivamente.

Un primer conjunto de imágenes, son las amenazas ejecutadas por la empresa y el Estado a través de diversos medios en contra de miembros de la APPJ, pues de manera psicológica los querían dominar con el pánico. Uno de los primeros registros se da días después del enfrentamiento con la policía estatal, cuando apareció un escrito en forma de cruz, en las puntas venían siglas C de Cristian, las siglas de Sandra, Manuel y Consuelo. Este mensaje fue encontrado en su casa, debajo de un block metieron el papel y vieron los escritos de que les van a dar en donde más les duela, que se retiraran del campamento (Carlo, Entrevista, Juchitán, 1 octubre, 2015; Anexo).

En adelante recibieron de manera recurrente amenazas vía teléfono celular, en llamadas y mensajes de texto pues, aunque cambiaban de chip, ni un mes tenía y ya los habían localizado y empezaban a llamar de nuevo. En ellas decían “que no se metieran en este problema”, “Les va a pesar”, “Te vamos a chingar”, “Te estás metiendo en cosas muy chuecas, seguimos sobre ti”, “Sabemos dónde te mueves, sabemos dónde vas, sabemos todo”. Inicialmente los receptores contestaban a la defensiva porque en vez de asustarse, les daba coraje e impotencia.

La amenaza pretende generar en sus receptores la tensión emocional suficiente para inhibir su participación en el conflicto a través del sentido dramático, bajo una lógica que postula siempre atacar al dirigente. Esta tensión es determinante para el éxito o fracaso de la amenaza que es un tipo de interacción asimétrica, de sentido instrumental y resultado del cálculo racional. Empero, los efectos esperados dependen también de quién viene la amenaza. En este sentido, los

miembros de la APPJ reconocen a diversos especialistas de la violencia (Tilly, 2004) que operan en su región y tienen distintos niveles: los sicarios, son pesadísimos porque están relacionados con grupos del crimen organizado y operan en los estados de Chiapas y Veracruz, no están en un solo lugar, llegan aquí a la región, pero vienen a lo que vienen. Se están por dos o tres días y, digamos, ejecutan a alguien, vienen, operan y se van. Enseguida, se encuentran los sicarios regionales que operan en localidades del Istmo. Les siguen los locales, que nada más son de la población de Juchitán, los golpeadores, los porros (Manuel, Entrevista, Juchitán, 13 de agosto de 2014; Anexo). Para la APPJ estos especialistas eran enviados por las empresas y el Estado pues los dos se han sentado, han platicado y tomado estas decisiones ¿Quién lo paga? Pues los dos, porque quieras o no la empresa paga al Estado ¿A cuántos contrataron? Ellos decidieron a cuántos y qué niveles, porque escalaron diferentes niveles (Carlo, Entrevista, Juchitán, 1 octubre, 2015; Anexo).

Así, recibir una llamada amenazante en voz de una mujer no es igualmente significativo ni conlleva la misma carga emocional que cuando se es llamado por un sicario pesadísimo. Ante una amenaza de muerte de estos profesionales la situación parece muy grave, hace sentir mucho miedo y lo único viable es avisarles a los compañeros, colgar y apagar el celular porque van a insistir, insistir, hasta localizar a la persona y ejecutarla esa misma tarde, esa misma noche (Rómulo, Entrevista, Juchitán, 8 de agosto de 2014; Anexo).

Las amenazas generan efectos terribles pues conducen a una especie de psicosis, un aislamiento autoimpuesto y una profunda alteración de la vida cotidiana. En sus palabras: Es terrible, andaba siempre alerta durante ese tiempo pues no salía, me quedaba yo... tenía ciertas formas de moverme, andaba solo. Tenía que comprar mi despensa y no salir en un mes de donde vivía (Rómulo, Entrevista, Juchitán, 8 de agosto de 2014; Anexo). A partir de ahí, uno... vive mucha psicosis, de miedo inclusive. Yo llegué un momento que ya no podía estar en Juchitán, no me sentía seguro, fue una psicosis que se vivió muy, muy feo (Manuel, Entrevista, Juchitán, 7 de

junio de 2014; Anexo). La vivencia de estos repertorios también es corporal, pues como uno de ellos indica: Sentí miedo y me puse, tal vez, hasta pálido porque no me fijé en un espejo, sentía yo escalofríos, respiré hondo (Manuel, Entrevista, Juchitán, 7 de junio de 2014; Anexo). Para otro, fue demasiada la tensión, tanta que le provocó una crisis: Tuve un síncope cardiaco. Me caí, me desconecté. Yo entiendo que fue demasiada presión, yo creía que me iba a dar una enfermedad o algo, pero no, me desconecté, me caí (Rómulo, Entrevista, Juchitán, 8 de agosto de 2014; Anexo).

A partir de ello es posible decir que la amenaza adquiere sentido como un repertorio de violencia pues la definición situacional que construyen sus receptores es real en sus consecuencias. La tensión emocional desatada genera cambios sustantivos en el mundo de vida expresados en el aislamiento, la estructuración de estrategias colectivas de cuidado o vigilancia. Empero, también detona un proceso reflexivo que quebranta las consecuencias esperadas pues estas personas refieren haberse preguntado: ¿Por qué nos volvimos tan peligrosos? Si no tenemos armas, no tenemos nada. Pues porque empezamos a informar y la gente empieza a enterarse de la situación y a defenderse. Entonces sí nos volvemos muy peligrosos (Melquiades, Entrevista, Juchitán, 3 de marzo de 2014; Anexo). Este proceso introspectivo aunado al sentimiento de solidaridad que acompaña a las estrategias colectivas de cuidado y vigilancia, contienen la tensión emocional desatada. A partir de ello se confirma el sentido trascendental de la lucha, pues, como expone un miembro de la asamblea:

…fue todo esto, pero, también, mucha solidaridad. Entonces, uno se acostumbra, primero, a que el miedo se vuelve parte de mí, pero, además, es también mi fuerza. Desde que empecé a participar en el movimiento social entendí que, si uno es un obstáculo para el capital, tu vida no vale nada (Rómulo, Entrevista, Juchitán, 8 de agosto de 2014; Anexo).

Este proceso resignifica la imagen de sí pues, involucrarse en la lucha, traza un destino irremediable en tanto que les hace conscientes de que por ello les espera la cárcel, la desaparición o el asesinato. Así la consecuencia real es la

fortaleza emocional que potencializa su participación en el conflicto, tal como expone el siguiente fragmento: Si yo salgo, me van a matar, si estoy ahí me van a matar, mejor voy a seguir en la lucha para que sepan que yo estoy defendiendo mi tierra, estoy defendiendo mi territorio, la mar, que de ahí vivimos…, porque, digo: si yo salgo,

¿Quién lo va a defender? Y eso es lo que quieren, que nos asustemos todos (Cristina, Entrevista, Juchitán, 8 de marzo de 2014; Anexo).

El siguiente grupo de imágenes, son los ataques aleatorios. El 19 de mayo, un par de meses después del enfrentamiento con la policía, se registraron disparos en contra de un campesino que una mañana salió con su mancuerna de ganado y pasó en la carretera del eólico, ahí encontró una camioneta blanca. Le chiflaron y dispararon cerca. En la camioneta venían como 4 gentes, con pasamontañas, tienen armas, unos trajes negros, el vidrio de la camioneta blanca, puro polarizado, negro. Le dicen que no tiene derecho a andar de aquel lado (Dell’Umbria, Alèssi, Istmeño: viento de rebeldía, Documental, 2015; Anexo). Este evento forma parte de una serie de reportes de personas que transitan la red de caminos comunales dentro del polígono del parque eólico donde han existido choques entre los lugareños y especialistas de la violencia, ya sean cuerpos policiacos o grupos de sicarios encargados de su vigilancia.

Otra imagen alusiva, es de otro integrante de la APPJ, quien tras haber llegado a su casa empezaron a disparar, dos al portón, otra en la ventana y más adelante cinco. Al día siguiente se hizo la denuncia pública y se percataron que los posibles responsables, estaban coludidos con la empresa y caciques priistas que recurrieron a pistoleros para chingar a la gente pobre. Desde su perspectiva, algunos caciques y dirigentes de la COCEI se han aliado con el Estado mexicano y solapan la represión que están haciendo las empresas eólicas en pagar sicarios. Su participación otorga a la violencia un sentido de gravedad no registrado, pues antes, era un problema de partidos, se sabían que a tales horas no podían salir porque en ese momento andaban los del PRI custodiando con policías y que, si veían a un coceista, seguramente lo iban a golpear o encarcelar. En ese periodo, la violencia

se caracterizaba por ser eminentemente política y regulada por las partes en conflicto de forma tal que se articulaba en un orden cotidiano congruente con la vida local. Hoy parece más grave la situación, pues pueden actuar a cualquier hora del día, nos pueden secuestrar, nos pueden matar, acribillar, desaparecer (Manuel, Entrevista, Juchitán, 7 de junio de 2014; Anexo). Esto, aunado al rompimiento del pacto social implícito en la violencia política precedente, busca abatir el sentido de colectividad que cobija a los receptores de la violencia. Por ello, la APPJ considera que esta violencia tiene un nivel diferente, pues a las empresas eólicas ya no les importa si es priista, si es coceista, católico, pentecostés, si es de cualquier religión, ya nos tienen de enemigo. También es más grave porque está siendo financiada por una mafia (Melquiades, Entrevista, Juchitán, 3 de marzo de 2014; Anexo).

Un tercer grupo de imágenes, empieza con la persecución a integrantes de la APPJ por sicarios, personas armadas y la policía estatal. Especialmente significativos fueron los intentos de secuestro que muestran el escalamiento de la violencia, pues interviene la interacción cara a cara, ausente en los dos anteriores. Una participante refirió haber sido atacada por 4 personas que la seguían. Uno se acercó con un arma, la puso atrás de ella y dijo: “Avanza”, “¿A dónde?”, respondió la mujer. “Avanza”. “Sí”, dijo ella y siguió hasta reparar: “No, a mí no me van a llevar. Me van a llevar, pero muerta”. En ese momento vio un carro donde venían 2 hombres que traían arma larga y pensó: ‘Este no me quiere llevar para platicar, me quiere secuestrar’. Entonces se armó de valor y corrió, llamó a un mototaxista: ¡Vente, llévame a mi casa! Esa fue la primera vez que la intentaron llevar (Cristina, Entrevista, Juchitán, 8 de marzo de 2014; Anexo). Como ella, otras personas reportaron intentos de secuestro en los meses siguientes, donde interviene la dimensión corporal y un grado de vigilancia sobre el receptor. Para la APPJ, denunciar estos hechos en las instituciones de justicia locales no funciona, pues no les hacen caso, porque todos... los MP’s y fiscales están al servicio de las empresas que se mueven por varios flancos. Con nosotros, de

manera frontal, nos mandan sicarios, nos persiguen (Melquiades, Entrevista, Juchitán, 3 de marzo de 2014; Anexo).

Las imágenes descritas bajo las formas de amenazas, ataques aleatorios e intentos de secuestro conforman el contexto represivo en esta etapa del conflicto. En este marco, ocurre un cambio de estrategia de la APPJ que el 1 de octubre de 2013 interpuso una demanda (expediente 557/2013) en contra de los permisos otorgados a Fuerza y Energía Bií Hioxo, S. A. de C.V., ante el Sexto Juzgado de Distrito del Estado de Oaxaca, en el que solicita amparo y protección de la justicia federal para la suspensión del proyecto. Así concluye el periodo confrontación al del conflicto, pues la controversia se trasladó al ámbito jurídico, mientras que, al paso del tiempo, la base de la APPJ disminuyó paulatinamente, pues en la región hay mucha pobreza que hace que uno no pueda estar en la lucha y estar en el trabajo porque o lucha o come. Finalmente, nos enfrentamos al proyecto, pero no pudimos hacer nada, la construcción del parque eólico concluyó y actualmente se encuentra en operación. Este parque de la empresa española concesionaría Gas Natural Fenosa se ubica a 3 kilómetros de la cabecera municipal, abarca 2 mil hectáreas con 117 aerogeneradores y una potencia instalada de

234 000 KW. “Los socios registrados en el permiso otorgado a Fuerza y Energía Bíi Hioxo

S.A. de C.V. son: Alucaps Mexicana, S.A. de C.V., Cementos Moctezuma, S.A. de C.V., Tiendas Chedrahui, Saint Gobain México S.A. de C.V., S-G Sekurit, entre otros. Es de mencionar que el permiso otorgado tiene una “duración

Figura 5. Parque eólico en operación. Foto Evelyn Mejía-Carrasco.

indefinida” (…) La inversión total se calcula en

$386,750,000.00 USD, con un costo de

recuperación a 15 años” (Código DH, 2014).

El análisis del caso presentado sostiene su vigencia en tanto que la experiencia del conflicto y las violencias vividas, remiten a la anhelada transición energética planteada como un camino con posibilidades para incidir en la crisis ambiental global que enfrentamos, asociada al modelo de desarrollo hegemónico basado en los combustibles fósiles. En este marco, México presenta una posición ambivalente pues mantiene su importancia como país productor de petróleo y se ubica también entre los principales países en América Latina con potencial para la producción de energía eólica; motivo que impulsó las reformas estructurales en el gobierno federal presidido por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) para la implementación de los proyectos que enmarcan el conflicto por el parque Bií Hioxo. Actualmente es la Ley de Transición Energética (DOF, 2015) a través del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), el encargado de promover “la utilización, el desarrollo y la inversión de las energías renovables y la eficiencia energética” para darle continuidad (SENER, 2022).

Tal como muestra el análisis realizado, a los esfuerzos institucionales y civiles para impulsar este proceso subyace la razón económica y el extractivismo neocolonial que funda el capitalismo. En una sociedad global donde nuestra posición se mantiene ligada a nuestra herencia colonial, los proyectos de transición energética como los desarrollados en el Istmo de Tehuantepec, refuerzan y profundizan las relaciones de desigualdad entre regiones y al interior de las mismas. En este sentido, el horizonte de la sustentabilidad no será para quienes están en la base de la estructura social, quienes también se verán más afectados por la crisis ecológica, tal como sostiene la literatura al respecto. De tal modo, se avisora que los conflictos y las violencias asociadas seguirán

como expresiones vigentes de descontento social en tanto que los ideales e instituciones de los regímenes democráticos contemporáneos mantengan su desprecio hacia las subjetividades no occidentales, la diversidad de formas de ser y estar en el mundo, así como sus valoraciones de la naturaleza.

La discusión, entonces, no es sobre qué tan buenas pueden ser las energías renovables para garantizar el futuro de la humanidad, cuál es la mejor manera de consolidar la transición energética o cómo la tecnología puede ayudar en el proceso; se trata más bien de cómo la humanidad puede trazar nuevos horizontes basados en valores sociales, políticos y económicos de acuerdo con la ética de la vida y la política de la naturaleza. Esto existe en varias comunidades locales alrededor del mundo con diferentes contenidos, expresiones e imaginarios. Sin embargo, es nuestra responsabilidad compartida revelar los mecanismos y procesos que las condenan, marginan y niegan su existencia.

En este contexto, el análisis interpretativo realizado expone diversos elementos y planos de significación presentes en lo local que intervienen en la dinámica de los conflictos por la tierra y la naturaleza derivados de los proyectos de transición energética. Así, las violencias y las subjetividades articuladas a estos procesos que fueron observados a través de las experiencias vividas por miembros de la APPJ, evocan un conjunto de elementos propios al marco sociohistórico y el régimen político donde tales proyectos se ejecutan. Tal como se demostró por medio de la información recabada, los repertorios de la violencia que reemergen en su devenir evocan elementos centrales de este marco de sentido y significación que reformula las subjetividades políticas y subvierten la trama relacional propia a este orden local. Destaca la dualidad experiencial de los miembros de la APPJ, que, si bien recibieron los embates de la violencia represiva, ejecutaron también violencia de resistencia. Para ellos, ambas experiencias colectivas, reales y situacionales, fueron funda-mentales en la redefinición de su subjetividad beligerante, la construcción de una imagen de sí y la consolidación del sentido trascendental de su

lucha. Los escenarios analizados, oscilantes entre lo legal/ilegal y lo legítimo/ilegítimo, exponen la configuración de un orden político local con patrones de interacción históricamente consti-tuidos que se resignifican en el aquí y ahora conflictual, esto es, gracias a la agencia de los actores sociales.

De este ejercicio derivan dos conclusiones generales. La primera, sostiene que el estudio de las violencias en los actuales conflictos por la tierra, la naturaleza y el territorio requieren un enfoque histórico que atienda al proceso de formación del Estado mexicano posrevolucio-nario a nivel local y regional, la construcción de subjetividades políticas y arreglos institucionales que le acompañaron. Este análisis diacrónico permite desentrañar la compleja trama en la que tanto los conflictos como las violencias actuales se montan. Si bien el periodo neoliberal reformuló las controversias por la tierra y la naturaleza, las violencias asociadas evocan procesos locales de larga data y agravios no resueltos que conforman las subjetividades políticas que en tales conflictos se confrontan y reformulan.

La segunda conclusión, refiere que la compren-sión interpretativa de estos procesos es pertinente, pues resulta fundamental entender las violencias actuales no únicamente como resultado del cálculo racional o la acción instrumental. La violencia como acción dotada de sentido y significación expone claves relacionales y procesos anclados al plano de la subjetividad, cuyo estudio es fundamental para develar la composición del orden político y social donde las controversias por la tierra y la naturaleza emergen y se reproducen, así como también, se reinter-pretan y reformulan. En este sentido, vale recordar que las violencias responden también a patrones de interacción, dinámicas y elementos situacionales que tal como indica Collins (2008), contienen un componente <creativo>, por lo que este artículo hace también una invitación para explorar el ámbito de la subjetividad expuesta por e inherente a las violencias en el México rural contemporáneo, indagar sus trayectorias y develar su composición. Esta tarea es un reto más al que nos enfrentamos las y los estudiosos interesados por el análisis de las violencias, así como una

línea de investigación a desarrollar dentro de este campo.

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Documentales

1. Istmeño: viento de rebeldía

Producción: Aléssi Dell´ Umbria Año:

2015

País: México, Francia

1. Somos Viento. Resistencia en el Istmo contra el proyecto eólico de Mareña

Producción: Kolektivo Kolibrí Año: 2013

País: México

1. Vientos de Resistencia

Producción: Revolucionemos Oaxaca, Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio

Año: 2008

País: México