Tlamati, Volumen 6, Número 10. Enero-Junio 2015
ISSN: 2007-2066
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están interesados principalmente en las ganan- cias que pueda generar su actividad productiva y relegan a un segundo plano
tanto los intereses de la clase trabajadora a su servicio, como el respeto por la naturaleza (Engels, 1960). Esta realidad
indica que el modelo actual de desarrollo no ha podido dar solución a los grandes problemas que enfrentan hoy día los
países subdesarrollados; por el contrario los ha agudizado, reflejando por un lado, un em- pobrecimiento creciente de las
mayorías y por el otro, un enriquecimiento desmedido de unos pocos (Centro Mexi- cano de Derecho Ambiental
[CEMDA], 2002).
En un análisis sobre la relación de la economía y la crisis ambiental publicado por Pascal Acot en 2005, se menciona
que a nivel de los ingresos per cápita, el 20 por ciento de la población mundial consume el 80 por ciento de las riquezas
producidas, mientras que en el extremo opuesto, el 20 por ciento de la población vive con un dó- lar diario; además de que
el 78 por ciento de los vehículos en circulación en el mundo se encuentran en los paí- ses más ricos, con la
correspondiente mayor cantidad de contaminación atmosférica. Para el mismo autor, otro contraste se observa en que las
emisiones de gas con efecto invernadero por habitante de los países avanzados son 10 veces más elevadas que en el resto
del mundo. Y una más de las desigualdades se manifiesta en el grado de electrificación: mientras que en Estados
Unidos y Europa es próximo al 100 por ciento, en los países africanos es de apenas 5 por ciento. Podríamos pensar que
estas cifras presentan errores, pero, según Pascot, lamentablemente no es así. En este mundo con sobreproducción
alimentaria, el hambre y la desnutrición paradójicamente provocan 40,000 muertos al día, principalmente, entre los niños
menores de cinco años. Una contradicción causada por la pobreza, que se ha convertido en uno de los problemas más
grandes que enfrenta la humanidad, debido a la magnitud que ha alcanzado.
Otra importante contrariedad que enfrenta el desarrollo sustentable es el de la distribución desigual de los recursos
naturales como el agua, el carbón o el petróleo. La falta de homogeneidad está presente en los diferentes grados de
intensidad en el consumo de estos recursos entre un país y otro, y en las diversas formas de vida de los habitantes de un
mismo país (Heras, Sintes, Serantes, Vales y Campos, 2010). Las naciones industrializadas son las que consumen la
mayor parte de los recursos naturales en beneficio de una pequeña fracción de la población; en contraste, los países de
menor desarrollo, en los que vive un poco más de dos tercios de los habitantes del globo, muestran escasa capacidad para
alcanzar niveles medios de bienestar, baja productividad y un grave deterioro ambiental (Murga, 2013).
Desde el punto de vista económico, los procesos naturales que sustentan la vida silvestre son prácticamente
‘invisibles’. No es palpable todo lo que se encuentra detrás de cada mueble de madera, de cada casa, los lápices, el papel;
lo sí queda evidente es por ejemplo, el precio que se paga en la maderería al comprar un tablón. Para determinar una
cantidad en dinero, se toma en cuenta el salario pagado al leñador, los operarios y transportistas, la inversión en
herramientas, los gastos administrativos, etcétera (Gómez, 2001). Sin embargo, en el fondo se encuentran los costos
ambientales que no se reflejan en el precio de ese tablón. No es fácil asignar un valor al número de años que tardó el
árbol en crecer, a los polinizadores que se encargaron de su reproducción y a los pájaros carpinteros que lo mantuvieron
libre de parásitos. Tampoco es sencillo valorar los efectos del corte del árbol en términos de erosión del suelo,
liberación de bióxido de carbono y reducción en la tasa de recuperación de los mantos freáticos (Orosco y Vázquez,
2011).
Legislación sobre el desarrollo sustentable en México
La Constitución Mexicana establece diversas disposiciones de carácter ambiental que son la base del sistema jurídico
actual. En particular, la importancia que se le otorga a ambiente queda implícito en el artículo 27, que se refiere a la
conservación de los recursos naturales al indicar: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública
[…]. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer
adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques […] para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico”.
En 1988, se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente [LGEEPA], que incorpora un
nuevo tema a las prioridades de Estado existentes: combate a la inflación, ajuste macroeconómico recesivo, apertura
comercial y privatización económica, el desarrollo sustentable. Esta ley reúne un conjunto de instrumentos jurídicos que
han hecho posible los avances en torno a la gestión ambiental al regular aspectos como la contaminación ambiental y el
uso sustentable de los recursos naturales. Además, existen otros ordenamientos que regulan conductas que inciden en la
protección del ambiente como son la Ley de Vida Silvestre, la Ley Forestal, la Ley de Pesca, la Ley de Bienes Nacionales
que ordena la Zona Federal Marítimo Terrestre, la Ley de Aguas Nacionales, entre otras (Gobierno Federal de los Estados
Unidos Méxicanos, 1998).
En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el Programa Nacional de Me- dio
Ambiente y Recursos Naturales (Gobierno Federal de los Estados Unidos Méxicanos, 2013) establecen la obligación de
contar con un sistema de información sobre el estado de los recursos naturales del país, que sirva como base para formular
políticas y programas de manejo y conservación que ayuden a incorporar la agenda ambiental en las decisiones políticas,
económicas y sociales que tomen todos los órdenes de gobierno, los sectores económicos y la sociedad. Y en lo que
respecta a información social, la SEMARNAT publica anualmente el Informe de la Situación del Medio Ambiente en
México, un reporte sintético del estado actual del entorno y los recursos naturales del país, así como de las acciones